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Apuntes sobre la reforma judicial
El principal problema de la Argentina es la Justicia. Hace años que repito y escribo esta frase. Su ineficacia y su alto nivel de venalidad fueron garantes de impunidad durante las últimas décadas. En Argentina rara vez los poderosos reciben castigo penal. Dinero o contactos políticos los mantienen al margen de cualquier sanción efectiva.
– Funcionarios corruptos, banqueros y empresarios inescrupulosos o ladrones de guante blanco con un buen abogado y las relaciones adecuadas siempre zafan. En cambio, los ciudadanos comunes tienen miedo de pisar los tribunales. Se sienten solos y desprotegidos.
– “Estamos de acuerdo con que el Poder Judicial debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”. Lo dijo Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema en el discurso conmemorativo de los 150 años del Alto Tribunal. “El pueblo quiere una justicia más accesible y rápida”, agregó.
– La reforma del Poder Judicial es una necesidad. En esto la propuesta tiene similitudes con la nueva Ley de Medios. No había duda de que había que cambiar la anterior, el tema es “cómo”y “para qué”.
– No hay más coincidencias. El proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales fue producto de un amplio proceso de discusión popular y en ámbitos académicos. También se debatió con intensidad en el parlamento. Eso le otorgó mayor sustentabilidad a pesar de las medidas que impiden su aplicación total. La reforma judicial fue elaborada en una habitación de la Casa Rosada.
– Cuando CFK presentó la propuesta para democratizar la Justicia pidió un “debate serio, profundo y que esté a la altura que merecen los tiempos”. Horas después los principales operadores legislativos del kirchnerismo anticiparon que no tocarían una coma de los proyectos. Ante esto, la oposición se bajó de la discusión en las comisiones.
– Sólo los senadores Samuel Cabanchik y Sonia Escudero participaron de las reuniones y expresaron sus críticas. El radical Nito Artaza trató de convencer a sus compañeros de dar la discusión. “Prefiero discutir con Aníbal Fernández y Picheto que con Carmen (Barbieri) y Moria (Casán)”, señaló. El actor es, por lejos, uno de los mejores senadores que tiene la UCR.
– Los opositores hablaron de “totalitarismo” y “monarquía”. Elisa Carrió lo comparó al golpe de 1976 y Jorge Yoma a la dictadura de Onganía. Los mandaron al psicólogo. Fue una carrera de exageraciones.
– De los seis proyectos de ley, tres no deberían generar objeciones de fondo. La publicidad de las causas (vía la web); el acceso libre a las DDJJ de los jueces y el ingreso por concurso a la carrera judicial.
– El gobierno debería aceptar que el ingreso por concurso, capacidad y antecedentes se extienda a los otros poderes.
– El Poder Judicial está lleno de acomodados. Amigos, recomendados de la política y familiares de los jueces se quedan con los cargos. Lo mismo ocurre con la administración pública y el Poder Legislativo. Eso explica tanto inútil con carné y escritorio.
– El proyecto que contempla la ampliación del Consejo de la Magistratura a 19 miembros, la incorporación de académicos (no del Derecho) y la elección de sus miembros por el voto popular no es serio y parece sólo destinado a lograr una mayoría propia. La anterior composición fue creación de la senadora Fernández de Kirchner en 2005. Hasta quienes están convencidos de la reforma judicial tienen problemas para defender esta propuesta.
– Es cierto que el Consejo de la Magistratura no funciona. Pero no menos real es que más del 20 por ciento de los cargos de jueces no están ocupados, en gran medida, por decisión de la Presidenta.
– La cuestión es simple: una cosa es hacer que el Consejo se convierta en un órgano eficiente y no corporativo y otra muy distinta es coparlo para el oficialismo.
– La regulación de las medidas cautelares contra el Estado es otro proyecto razonable. Desde Mauricio Macri a Fabiana Ríos se quejan del manejo discrecional de los jueces que traban acciones del ejecutivo o leyes con suma facilidad. La idea es ponerles un plazo de seis meses.
– La creación de Cámaras de Casación (hay una en lo Penal) en los fueros Contencioso administrativo, Civil y Comercial y Laboral tiene aspectos positivos y negativos.
– Hay un objetivo racional: que la Corte Suprema sólo tramite causas constitucionales. Cien en lugar de cien mil, es el ejemplo que se da. El peligro es que los juicios, con una instancia nueva, se demoren mucho más que ahora. En los planteos por reclamos previsionales esto es literalmente fatal. Miles de jubilados se mueren sin poder cobrar.
– El Poder Judicial debe cambiar. Debe ser más eficaz y democrático. Pero defender esas banderas no implica avalar su colonización por parte del oficialismo.
– El gobierno no quiere debatir la reforma. La oposición tampoco. El “banco cualquier cosa” tiene una respuesta inmediata en el “me opongo a todo”. Las dos actitudes son tan insensatas como cobardes.
Por Reynaldo Sietecase
