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Caso Marita Verón: El fallo que prueba la connivencia entre el poder político, policial y Judicial
Ella más que nadie debe sentir en carne propia la indignación que sentimos casi todos los argentinos. Y digo casi porque hay mucho más que 3 jueces tapando la trata de personas.
Ella más que nadie debe sentir que la Justicia en Argentina es deplorable, fiel reflejo de un país que pasa décadas y décadas hundido en la ausencia de proyectos superadores que repercutan en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ella más que nadie sufre en carne propia la corrupción en la que están inmersas todas las provincias argentinas. Corrupción en las fuerzas policiales, en el Poder Judicial y en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.
Ella más que nadie debe sentir la impotencia que genera escuchar al gobernador de Tucumán, Jorge Alperovich, declarar que conviene que existan los cabarets porque de todas maneras funcionarían en departamentos privados.
El gobernador de Tucumán sabe que existen los cabarets. Sabe que existen redes que se dedican a la trata de personas, tanto en su provincia como en las vecinas. El gobernador de Tucumán conoce perfectamente las coimas que cobran los jefes policiales para permitir el funcionamiento de cabarets. Alperovich, los jueces y la policía de Tucumán saben que, cada vez que llegaba una orden de allanamiento en alguna “whiskería”, un contacto de la fuerza policial avisaba al caficho para que elimine pruebas y saque a las mujeres del cabaret.
Las cosas como son, en Tucumán, en La Rioja, en Buenos Aires y en Arrecifes ocurren los mismos hechos. Cualquier similitud entre los testimonios de testigos del caso de Marita Verón con hechos en las ciudades del interior de cualquier provincia argentina no son pura y casual coincidencia. Los cabarets existen y la connivencia también. La hipocresía de quienes asisten como clientes, obviamente, también.
Señor Alperovich, usted va a quedar manchado de por vida, al menos por quienes aún tenemos memoria. Usted es el Jefe de las fuerzas policiales de su provincia, y las mismas, por acción y por omisión están completamente sucias, manchadas, involucradas hasta la médula con la trata de personas.
Resaltemos los apellidos de los jueces: son Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. ¿Qué les responden a sus hijos sobre esto? ¿Cómo miran a sus vecinos? ¿Cómo pueden dormir después de escuchar los testimonios y resolver que no son pruebas suficientes?
“El fallo es una vergüenza, una estafa total”, dijo Susana Trimarco, la heroica madre de Marita Verón. “¿Cómo pueden decir que no hay pruebas?”, se preguntó Trimarco.
Porque pasaron aproximadamente 130 testigos, mujeres que escaparon del encierro, el secuestro y la esclavitud sexual a la que fueron sometidas. Porque sobraron pruebas, por eso es una vergüenza. Pobre madre, pobres las valientes mujeres que se animaron a declarar.
Pensando en frío, objetivamente, creo que un aspecto positivo surge del análisis del fallo: siendo que las redes de tratas de personas funcionan gracias a la corrupta connivencia del poder político, policial y Judicial, creo que el falló no hace más que reforzar y reafirmar lo podridos que están estos 3 poderes.
El clamor popular se manifestó inmediatamente en comercios, redes sociales, en colectivos, cafés y mesas de familias. El denominador común en la reflexión de cada una de las personas que se refieren al tema se resume en la palabra “corrupción”.
Los jueces fueron comprados. Ciertos sectores de la pirámide policial obstaculizaron la investigación porque, seamos claros, están hasta las manos. Y el poder político no pone voluntad en el caso porque a la larga o a la corta terminará también implicado.
Cierro mi opinión con la declaración de D’Antona, abogado de Susana Trimarco: «A esta altura el rumor de las coimas ni me preocupa porque con los delitos que cometieron durante el proceso ya es suficiente para enjuiciarlos”.
Estamos mal. Y vamos peor.
