No es una situación nueva en la ciudad. Todos sabemos que es una práctica que si bien también se suele dar en viviendas, la apropiación de un terreno es moneda más corriente. Lo hemos visto en distintos puntos del país, con conflictos que duraron mucho tiempo y que tuvo consecuencias inesperadas en cuanto a lo institucional y se han convertido en algunos casos en detonadores de disturbios violentos cuando se intentó recuperar los terrenos, en lugares donde varias familias se habían afincado.
Arrecifes no es ajeno a esta situación y lo hemos visto en varias oportunidades. Ahora bien; qué sucede cuando se usurpa un terreno? En principio, se visibiliza la problemática de las viviendas en la ciudad. Familias que saben que será imposible, por la situación económica que atraviesan -atravesamos- poder ahorrar para hacerse de una porción de tierra donde construir una vivienda para una familia. Y en caso de poder adquirirlo, la dificultad de levantar cuatro paredes y techar.
Por otro lado, se está dando que muchas familias construyen en terrenos que no les pertenecen, pero que sí tienen un dueño. Aquí tenemos familias que han podido ahorrar, han comprado tierra y si no han construido en ella, se convierten en un reaseguro para un futuro propio o de sus descendientes. Estos se ven despojados de un bien y cargarán con una mochila pesadísima si intentan recuperarlo, intento que no afrontan si en lugar de una son varias las familias que se la ocupan.
A esto, debemos sumar que quienes no podían comprar un terreno, probablemente tampoco pueden construir una vivienda digna y segura. Así vemos niños durmiendo en casillas precarias con altas temperaturas en verano y soportando fríos extremos como los que hemos vivido en las últimas semanas.
Al no contar con un título de propiedad, ni un contrato de alquiler, no pueden -o no deberían- conseguir que las empresas de servicios les provean de energía eléctrica o gas; eso en caso que existan redes de servicios cerca de donde han construido o armado su vivienda.
Con esto, vemos que nada está bien. Para nadie. ¿Y el estado? ¿Qué papel juega o debería jugar en todo esto?
En principio, la ley defiende la propiedad privada, y si bien no existe una norma que no permita el desalojo cuando hay menores instalados, es común que ante la presencia de menores, suspendan un desalojo por cuestiones de humanidad; lo mismo ocurre cuando hay discapacitados o adultos mayores con dificultades de movilidad. Esto en el mejor de los casos, cuando los propietarios hacen la denuncia correspondiente, pero no siempre ocurre ante lo complejo de un proceso judicial que es agotador y con inciertos resultados.
Tampoco se termina el problema cuando los dueños deciden abandonar la lucha, ya que se han dado usurpaciones y asentamientos en terrenos inundables, que conllevan tareas de evacuaciones y asistencia cada vez que ocurre un fenómeno extraordinario de lluvias abundantes, debiendo instalar familias en lugares que en algunos casos no han querido abandonar los asistidos y comienza un nuevo capítulo. Sin servicios de cloacas y a veces sin agua potable, las condiciones de salud de los habitantes suelen ser precarias.
Probablemente, uno de los casos más llamativos -y a la vista- sean los terrenos que ocupan las dos hectáreas entre las calles Saavedra, Misiones, Corrientes, Lavalle y Arenales. Dependiendo nuestro criterio, podemos indignarnos por las condiciones en que viven algunas familias allí o porque consideramos injusta la toma de los terrenos, pero sin dudas, más allá de los habitantes del lugar, hay una familia que contaba con un capital dignamente habido, que lo ha perdido, y eso en una sociedad que vive en un estado de derecho, es inadmisible.
¿En casos de propietarios de buena voluntad, puede ser posible un acuerdo que beneficie a todos? En principio habría que escucharlos, si están dispuestos a ceder parte de sus terrenos, quedarse con lo que aún no ha sido ocupado y comenzar a cobrar una cuota a quienes se instalaron para con esos fondos, llevar servicios, mejorar su situación y volverla más regular para que lo de vivienda «digna» sea algo más que comodidad e incluso abonar una tasa reducida de servicios municipales como recolección de residuo y mantenimiento de calles. Que las familias puedan sentir que es posible avanzar y esforzarse por tener su terreno.
Ya no se trata de un problema de falta de terrenos o de viviendas para alquilar, se trata de una situación económica y social que nos ha llevado a aceptar que muchos no pueden y que no estamos haciendo nada por resolverla. Tal vez no sea lo ideal, pero si todos ponemos algo, tal vez, podamos mostrarle a nuestros hijos que con sacrificio y trabajo, podemos lograr mejorar nuestra situación.