¿Es ético el uso de los espacios públicos para las campañas políticas?
El alambrado perimetral del CIC de La Cumbre le sirve al Frente de Todos para la campaña política. ¿Estarán habitados todos los partidos a utilizar el mismo lugar para su cartelería?
Voy a utilizar el texto de un proyecto de ley presentado por legisladoras de la Coalición Cívica en marzo de 2017 para ejemplificar lo que sucede cuando un organismo del Estado, una oficina pública, es utilizada de alguna forma para hacer una campaña política, en clara falta a lo que debería ser la neutralidad en la administración pública.
Estamos en plena campaña y se debe asegurar que todos los partidos participen de una «competencia electoral equitativa y leal entre fuerzas políticas». Se debe asegurar el acceso «al derecho de todo partido político a gozar de las condiciones necesarias para competir sin verse perjudicado por la relación asimétrica que implica el aprovechamiento indebido de los recursos de la administración pública, por parte de aquellas fuerzas cuyos integrantes tengan conferido su control».
Es por esto que la ley electoral prohíbe la difusión de actos de gobierno durante un período anterior al acto eleccionario, para que el partido gobernante no utilice esto para inducir al votante a emitir el sufragio por sus candidatos. Es lógico, suponer entonces, que el uso de los edificios públicos para campañas políticas, si no significan la violación una ley vigente, al menos es éticamente imperdonable.
El artículo 64 quater. del Código Electoral Nacional expresa: «Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten» Si no se permite que los gobiernos publiciten sus actos como funcionarios públicos, menos permitido está el uso de los edificios y oficinas públicas para la campaña, ya que esto crea un efecto de “cancha inclinada” a favor del partido que ocupa el poder.
¿Sería viable que la campaña electoral del candidato oficialista incluyera cartelería en el frente de la Municipalidad o de edificio del Concejo Deliberante? De hecho, no. El marco de competencia electoral en condiciones de equidad, lealtad y justicia, debe ser garantizado por las autoridades.
La cartelería proselitista en el alambrado perimetral del Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio La Cumbre de nuestra ciudad, puede que no viole una ley, pero muestra una falta total de conducta ética y democrática. Los edificios no son de los partidos ni de los funcionarios, sino de la gente. Si así lo entendemos, estarían en igualdad de condiciones el resto de los partidos políticos a llenar de carteles los edificios públicos con las campañas de todos los candidatos.
Si una fiesta en Olivos en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia pudo ser considerada un error por parte del oficialismo, esperemos que a nivel local esto también lo consideren un error y ya que están a tiempo, suponemos que será corregido de inmediato quitando la cartelería del lugar donde se la ha colocado.