Gobernar es ampliar derechos (Por Julián Domínguez)
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia recordamos un nuevo aniversario del golpe de Estado Cívico Militar del 24 de Marzo de 1976, que asoló a la Nación en una de las noches más largas y penosas que nos ha tocado vivir a los argentinos.
Ese quiebre constitucional despojó a nuestro pueblo del ejercicio de su voluntad soberana e inauguró no sólo el perverso mecanismo de la desaparición forzada y sistemática de personas, sembrando el país de campos de concentración destinados a la tortura y al exterminio, incluyendo el robo de bebés, sino que también sentó las bases de un modelo de acumulación económica neoliberal, extranjerizante y excluyente.
El objetivo estratégico de ese Golpe de Estado se orientó a la desarticulación y desmovilización de una sociedad igualitaria, industrializada y con un denso entramado de organizaciones colectivas. Este propósito contó con la connivencia de sectores civiles particularmente vinculados a grupos económicos concentrados.
La resistencia civil expresada básicamente en las organizaciones de Derechos Humanos y con expresiones en los movimientos sociales y particularmente en los trabajadores organizados fue encerrando a la dictadura y abriendo el camino a la recuperación democrática.
El gobierno del Dr. Alfonsín, legitimado por el voto popular, dio un primer paso al impulsar el juicio a los comandantes y sin desconocer el retroceso que implicó las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aquella instancia representó el primer paso para quebrar el silencio de una sociedad asfixiada.
Tras años de impunidad, la militancia de los organismos de derechos humanos, acompañada por una creciente movilización de nuestro pueblo, tuvo su síntesis histórica en la voluntad política de Néstor y Cristina Kirchner. Ellos transformaron el olvido y dolor de las víctimas del terrorismo de Estado en una consistente política de Memoria, Verdad y Justicia, materializada en las múltiples condenas y procesos judiciales en curso a los responsables de los delitos de lesa-humanidad.
Quienes integramos el proyecto político abierto en 2003, tenemos la firme convicción de convertir a los derechos humanos en una política de Estado. En ese sentido, tal como lo manifestó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería fructífero, de cara a las próximas elecciones, que todos los candidatos se pronuncien claramente sobre este tema: la ciudadanía exige saber si, en caso de acceder al poder, continuarán con el impulso a los juicios o intentarán detenerlos bajo diferentes pretextos.
Los derechos humanos, en mi opinión, deben formar parte en la discusión electoral desde un enfoque integral que incluya las dimensiones civil, política social, económica y cultural. En tal sentido, consideramos imprescindible, en paralelo a la continuidad de la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos en dictadura, avanzar en una amplia y renovada agenda de Derechos Humanos.
La razón de ser del peronismo, y que el kirchnerismo ha revitalizado, es la de levantar la causa de los más humildes y de los desfavorecidos. Creemos que no hay lucha efectiva contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad si no se adopta, en definitiva, una perspectiva global sobre los derechos humanos. En Buenos Aires, provincia en la cual nací, milité y trabajé toda mi vida, y que aspiro a gobernar a partir de 2015 si Dios y el pueblo me acompañan, estas problemáticas asumen una importancia estratégica.
Gobernar es elegir; gobernar en favor del pueblo es ampliar derechos. Así como el General Perón consagró sus presidencias a la instauración de los derechos sociales, Néstor y Cristina nos permitieron vivir en una Argentina donde impera la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy, el desafío se renueva, y tenemos que pensar cuál es la nueva agenda de derechos para implementar en el futuro.
