La Provincia promueve una polémica estrategia para frenar la deserción escolar
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia dispuso, a través de una resolución, que desde las escuelas se deberán comunicar con los padres de los alumnos que no asistan a clase durante más de dos días consecutivos. A su vez, si no se los ubica en los primeros cinco días y el alumno sigue sin concurrir a la escuela, desde la institución deberán acercarse al domicilio.
“El objetivo es identificar los motivos de las ausencias para evitar la deserción de los chicos”, explicó la titular de la cartera educativa, Silvina Gvirtz. La iniciativa supone que con la visita del docente a la casa de los alumnos se podría identificar el motivo de las faltas -si la ausencia es por motivos de salud, problemáticas de índole familiar, judicial o social- y disponer luego del asesoramiento necesario por parte de la institución que corresponda.
La resolución ya desató la polémica, dado que pretende solucionar un problema de índole social y económica con una simple visita del docente a las familias afectadas. Cabe destacar que los índices de deserción escolar están íntimamente relacionados con el panorama socioeconómico de las familias y con la situación de la educación pública.
Desde la DGCyE se asegura que “el primer paso es concientizar a padres y alumnos de la importancia de asistir a la escuela”. Es decir, la Provincia supone que el problema de la deserción tiene que ver con que las familias no son conscientes de la importancia de la educación, en vez de poner el foco en la infraestructura edilicia de los establecimientos escolares (que sobre todo en la periferia de la ciudad tienen graves falencias), la escasez de materiales educativos, la situación salarial de los docentes, entre otras variables.
Políticas sociales
Pero además, es difícil pensar que sólo desde las escuelas se va a poder generar una solución al problema de la deserción. Cabe recordar que diversas organizaciones sociales estuvieron denunciando en los últimos meses el drástico vaciamiento de las políticas para niñez y adolescencia en todo el territorio provincial. Se trata de programas como el Envión -que abarca a más de 45 mil jóvenes bonaerenses- o las Unidades de Desarrollo Infantil, a los que cada vez se le destina menores recursos.
En este sentido, ayer trascendió que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata resolvió condenar a la Provincia y a la Municipalidad de La Plata por el incumplimiento de la ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Por esa razón, ordenó “atender las necesidades básicas de los niños en situación de calle”, en el plazo de seis meses.
Funcionarios que viven en una realidad paralela
Pareciera que hay algunos funcionarios nacionales y provinciales que creen que están viviendo en uno de los cantones de Suiza, y por eso se dedican a hablar y proponer estupideces ante problemas realmente serios, como la aguda crisis que, desde hace por lo menos veinte años, afecta al sistema educativo estatal.
Llama poderosamente la atención que la directora de Escuelas bonaerense, Silvina Gvirtz, que en su currículum dice tener amplia experiencia en el campo de la pedagogía, crea que puede solucionar la deserción escolar mandando maestros a golpear la puerta de las casas de aquellos chicos que, producto de la delicada situación socioeconómica, no tienen otra alternativa que dejar la escuela. Es más, el gobierno bonaerense, con este tipo de iniciativas descolgadas, está exponiendo a los educadores a sufrir posibles agresiones.
La única forma de combatir, de forma efectiva, la deserción escolar es comenzando a cambiar las estructuras de un modelo que hace que uno de cada cuatro compatriotas este viviendo en situaciones de indigencia y pobreza. En ese escenario, desde hace tiempo, la escuela pública ha relegado su función de ser el centro tradicional de difusión del saber, para convertirse en comedores donde, diariamente, millones de chicos, que aun puede seguir yendo a la escuela, reciben -quizás- el único plato de comida del día.
La Plata no escapa a la realidad del Conurbano. En la periferia de nuestra ciudad hay casi 120 villas de emergencia, donde miles de compatriotas, y familias de países hermanos, viven en condiciones infrahumanas, sin los elementales servicios que le asegure una mínima calidad de vida. Se trata, en su mayoría, de sectores sociales absolutamente dependientes del asistencialismo del Estado, que no ofrece la más mínima garantía de progreso al no generar políticas que generan empleo genuino, que es el único ordenador social de importancia que puede traer cambios estructurales.
En tanto, aquellas familias con ciertas posibilidades económicas no dudan en enviar a sus hijos a escuelas privadas, muchas de ellas subvencionadas por el propio gobierno provincial de manera muy polémica, ante problemas recurrentes del sistema de educación pública: varios días de clases que se pierden por los paros, condiciones de infraestructura deplorables y situaciones de violencia, de extrema gravedad, que se registran en las propias aulas.
Hasta familias de trabajadores, que viven con lo justo, hacen un esfuerzo sideral, juntando moneda por moneda, para poder conseguir pagar la cuota de algún colegio privado que les garantice no quedarán rezagados en el futuro.
Lamentablemente, hasta no hace mucho tiempo, la Argentina se caracterizaba por ser un país con un sistema educativo estatal, en todos sus niveles (primario, secundario y universidad), que había logrado conjugar masividad con exigencia. Los colegios privados eran, apenas, un complemento, con una incidencia mínima. Era un sistema envidiado hasta por los propios países centrales.
El presente, lamentablemente, indica una realidad totalmente opuesta y las soluciones que proponen algunos funcionarios indican que evidentemente ni siquiera existe la voluntad política de emprender otro camino.-
Fuente: Diario Hoy
