La Defensoría de la Provincia pide no criminalizar al consumidor
El organismo que conduce Guido Lorenzino reclamó modificaciones en las leyes para evitar la persecución judicial de los consumidores de cannabis. El pedido se basa en un informe elaborado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos donde aseguran que en 2018 hubo 6.634 causas más que en 2017 por consumo personal en la Provincia.
En 2018 hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales, explica parte del informe a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello.
Según el juez de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos. Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual ascendería a los 183 millones de pesos.
“La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas”, sostuvo Martello.
La Defensoría plante modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, “para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.”
El organismo también sugirió revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes para que las fuerzas nacionales centren su atención solo en comercio ilegal a gran escala y las provincias en comercialización, tenencia y consumo.
La Defensoría manifestó la necesidad de declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el país para dotar de recursos al sistema de prevención y asistencia y capacitar a los operadores judiciales, administrativos y de seguridad respecto a lo que representa la política de drogas con perspectiva de género y derechos humanos, para adoptar un enfoque integrado y equilibrado vinculado a la salud pública.
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