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La Asesoria General de Gobierno se expidió sobre el tema de incompatibilidad Defensor del Pueblo
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Arrecifes está ocupada por el escribano Dr. Leandro Bonacifa. Su puesto fue designado por el Concejo Deliberante, seleccionado de un grupo de postulantes que incluyó a quince vecinos, trece de ellos abogados. Bonacifa era el único escribano pero con un currículum que definió su elección al cargo.
Poco tiempo después de su asunción, el Departamento Ejecutivo, a partir de una advertencia del Tribunal de Cuentas sobre incompatibilidades, decidió congelar su sueldo y enviar una consulta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia (AGG) para que se expida sobre el tema.
La discusión sobre el cuestionamiento del Ejecutivo sobre su incompatibilidad hizo que Bonacifa presentara algunos escritos ante la Justicia e incluso ante el Concejo Deliberante, que debatió el tema y envió también una nota a la AGG.
QEsta semana se cumplieron algunos plazos en lo que hace a la justicia y su participación en el conflicto, pero es la Asesoría quien por fin se expide, aunque su opinión no es de carácter vinculante, sólo expresa su opinión, calificada por cierto.
¿Qué dice la Asesoría?
La AGG en una nota que envía al Ejecutivo, aclara con respecto a la función de Escribano que «…en atención al alcance de la consulta formulada, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que quien se desempeña como escribano, no obstante reconocer las particulares características que dicha profesión ostenta, no podría considerarse que ejerce “función pública” ni que reviste la calidad de “funcionario público” en los términos de la normativa local referenciada».
Además hace mención a los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo sobre jurisprudencia en sentido contrario a su opinión, al decir: «Si bien alguna jurisprudencia –tal como se refiere en la nota en responde- adhirió en diversos precedentes al criterio que sostiene la condición de funcionario público del escribano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consolidado la postura en sentido contrario. Así, en los autos “Vadell, Jorge Fernando c/ provincia de Buenos Aires s/ indemnización”, el cimero Tribunal sostuvo: “…Que en tales condiciones, se lo puede definir como un profesional del derecho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo equiparan a la gestión pública, cuyos actos, vinculados al comercio jurídico privado, dan fe de esas relaciones privadas y no expresan la voluntad del Estado como éste normalmente la exterioriza a través de sus órganos».
Con este último párrafo, la AGG le está dando a Bonacifa argumentos como para volver a afirmar que su función de escribano no es incompatible con la de Defensor del Pueblo. Pero además agrega que: » “No caben dudas, pues, que el escribano es un profesional del derecho que satisface o ejercita una función pública, sin integrar los órganos de la Administración, por lo que carece del status de funcionario público».
Por último y para despejar toda duda sobre la interpretación de su nota, el organismo provincial cierra con «Por lo expuesto, este Organismo Asesor, es de opinión que el ejercicio de la profesión de Escribano no importa el desempeño de una “función pública”».
La consulta del HCD
En cuanto a la nota que envió el Concejo, ésta fue respondida con otra en la que les aconseja al cuerpo que lea lo que le contestó al Ejecutivo.
Que hará ahora el Defensor del Pueblo.
A Leandro Bonacifa no le pagaron durante los últimos meses y queda por saber, en caso que el Ejecutivo se eche atrás con su actitud, si el escribano optará por iniciar juicio al municipio por el perjuicio económico sufrido, si cobrará con un reconocimiento de deuda del municipio incluyendo intereses o en qué terminará la historia, de la que acaba de escribirse un nuevo capítulo.
