Declaración del Partido Socialista Federación Santa Fe: Sobre la Violencia, la Inseguridad y el Narcotráfico
La violencia no deja de crecer en la Argentina. Una de las manifestaciones que más escandalizan de esa violencia son las asociadas al crimen organizado. Se trata de un fenómeno que tiene dimensiones internacionales, donde la Nación tiene las principales herramientas para combatirlo, pero que explota en los barrios populares sorprendiendo a los municipios sin facultades para dar respuesta sobre a estas situaciones. Los casos se suceden en diversos lugares del país, sin embargo, el reclamo de soluciones difícilmente llegue al Ministerio de Seguridad de la Nación.
La violencia armada, especialmente la que involucra a niños, niñas y jóvenes asociados al narco menudeo ocupa las noticias de este verano. Las pocas estadísticas disponibles muestran que es la época del año en que la violencia interpersonal trepa. Rosario ha llamado la atención por una sucesión desgraciada de episodios. Durante los mismos días también se publicaron los informes de la Corte Suprema de Justicia conducidos por el prestigioso criminólogo y ministro Eugenio Zafaroni que explica que en el Conurbano bonaerense el 40 por ciento de homicidios son por venganzas y que en la Ciudad de Buenos Aires volvió a trepar el número de homicidios. También en Córdoba aumentaron durante el 2012 un 70 por ciento los homicidios, en Mendoza el crecimiento fue del 16 por ciento y en Rosario el 15 por ciento.
Evidentemente se trata de un fenómeno nacional, urbano, que se ensaña con los más jóvenes y los más pobres. El crimen organizado se ha venido consolidando durante décadas articulado, por definición, con cierta complicidad estatal y en sociedad con algunos sectores económicos. La desarticulación de la capacidad de control y reguladora del Estado permitió los escándalos de las valijas en el entorno del ex presidente Menem; por la misma época se instaló en el país la familia del ex capo del Cartel de Medellín; el ex ministro de Economía Cavallo sembró sus sospechas sobre Yabrán y las empresas que controlaban el tráfico de cargas en los aeropuertos.
El pico de crímenes violentos se vivió en el 2002. Pero ya estaban consolidadas las estructuras ilícitas que se aprovechan de la ineficiencia en los controles del Estado nacional para el ingreso de sustancias ilícitas, para luego exportarlas (acaban de tener sentencia los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea de Menem por traficar una tonelada de cocaína en 2010), o bien para comercializarlas en el consolidado mercado de drogas argentino que ya tiene consumidores adictos, proveedores permanentes, canales de distribución, encubrimiento y estrategias para el lavado de activos.
Las economías ilícitas buscan la rentabilidad del negocio, para tratar de reducir esa rentabilidad hay que tener un sistema efectivo de persecución del lavado de dinero. ¿Cuántos casos de lavado de dinero han sido descubiertos y denunciados en los últimos años?
Hay que estar impregnado de mucho cinismo para culpar a un gobierno local o a un gobierno provincial, por el crecimiento de la violencia armada, mientras siguen saltando en los titulares de los medios, la presencia de capos narcos colombianos o mexicanos, viviendo y haciendo negocios en la Argentina.
Resulta institucionalmente muy grave que un Secretario de Estado como Alejandro Ramos o un Diputado Nacional de Santa Fe como Agustín Rossi estén impulsando movilizaciones y acciones desestabilizantes contra un gobierno legitimado por la voluntad popular en esta Provincia, desligándose de la responsabilidad que ambos tienen en el gobierno, en un momento en que la ciudadanía nos exige a todos la máxima responsabilidad para articular políticas de estado en la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Es lamentable que representantes de esta provincia estén encabezando una campaña nacional de estigmatización de su provincia y de Rosario, con el único objetivo de posicionarse electoralmente y de dañar la imagen de uno de los candidatos a Presidente con mayores chances para 2015.
Mientras en la UNASUR se propone un Consejo para abordar el crimen organizado por su característica internacional, en la Argentina se pretende responsabilizar a los gobiernos opositores por no solucionarlo, mientras las fuerzas nacionales se concentran en los lugares de interés político del partido de gobierno. ¿Ya nos olvidamos del tiroteo y asesinato de colombianos en el Unicenter de Martínez? ¿Ya nos olvidamos también del triple asesinato y el tráfico de efedrina hacia México? ¿Quedó superada la denuncia de redes de trata que involucraban a argentinos y mexicanos posiblemente asociados con los Zetas en Cancún?
Las crónicas periodísticas relatan desde hace una década la consolidación de la cultura narco primero en villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Últimamente, en todo el país.
Nadie discute que en Rosario primero y ahora en Santa Fe se han desarrollado políticas que han fortalecido la solidaridad social, los valores y la participación, que se ha priorizado la inversión en educación, salud y cultura. Pero resulta insuficiente ante la exclusión social generada por la desigualdad persistente en la Argentina, la pobreza persistente en la Argentina, la inflación persistente en la Argentina y la falta de políticas nacionales de seguridad que enfrenten de manera efectiva y sostenida el crimen organizado.
Pero no alcanza con diagnósticos. Sostenemos que necesitamos ser eficientes en el abordaje del narcotráfico mejorando la capacidad para perseguir y desarticular efectivamente las organizaciones criminales. Necesitamos centralizar información y capacidad de abordaje: la Argentina necesita una agencia federal capacitada para la persecución penal del narco. Un FBI contra las drogas. Pero también resolver de manera definitiva la situación de pobreza y exclusión social en la que viven millones de argentinos, especialmente en las grandes ciudades.
En Santa Fe, hemos encarado un proceso de reforma policial que está en marcha. La regionalización de la policía de seguridad mejorará la articulación con la comunidad y los municipios. Pero al mismo tiempo hemos creado la Secretaría de Delitos complejos en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que incluye una Subsecretaría de Delitos Económicos que analiza información sobre renta, propiedades e inversiones para detectar enriquecimientos injustificados, procurando una intervención más efectiva en los mercados ilícitos donde se comercian armas, drogas o personas. Desarticulando el nivel gerencial que reinvierte el dinero de origen ilegal, estaremos terminando con decenas de narcos que asolan las comunidades. Y también hemos reforzado la estrategia de prevención social con participación de la comunidad, para garantizar un mayor impacto sobre las zonas más afectadas por la violencia. Pero, los cambios serios llevan tiempo y, difícilmente sean totalmente exitosos si no hay también estrategias nacionales en el mismo sentido.
Todos los argentinos somos iguales, necesitamos que el Estado argentino se ocupe de todos por igual, cualquiera sea el signo político que hayan elegido para que los gobierne. Con la seguridad ha existido mucho populismo que nos ha llevado a donde estamos. Demandamos un efectivo gobierno político de la seguridad que pueda establecer y concentrarse en las regularidades criminales y en los mercados ilegales que las motorizan, donde el Estado nacional asuma su responsabilidad en materia de trata de personas, tráfico de drogas, de armas y de mercancías robadas. Sólo así empezaremos a cambiar las tristes postales de niños y niñas subyugados por la plata sucia de los narcos que ingresan drogas al país con total impunidad.
Junta Provincial Partido Socialista
Federación Santa Fe
