Productores rurales enfrentados al Municipio por el pago de las Tasas
El pasado miércoles en la 2° Sesión Ordinaria del HCD local se trató una nota presentada por la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes –APRA-, expresando su reclamo ante el cobro a Productores Agropecuarios de la Tasa de Seguridad e Higiene.
El conflicto se encuentra en el tapete de los temas que conciernen a la política y la economía local, ya que difícilmente alguien se atreva a desestimar la importancia del sector agrícola-ganadero en nuestra ciudad, en la región e incluso en todo el país, que repite hace décadas un modelo económico basado en la exportación de materias primas.
Las tensiones entre los productores agropecuarios y el Municipio son una realidad, y muy delicada. Los aportes que realiza el sector son indispensables para el normal desarrollo de ciertas funciones administrativas municipales, y prueba de ello es la molestia que expresó Daniel Bolinaga cuando se refirió al tema: “El Municipio está sufriendo una situación que viene desde algunos meses. Productores agropecuarios se han puesto de acuerdo en no abonar la Tasa de Red Vial. Esto significa una importante falta de ingresos entre lo presupuestado y lo recaudado, ya que esa tasa tiene una recaudación de $ 7.700.000 anuales, que con un promedio de pago habitual de entre el 70 y el 80% son cerca de $ 5.600.000 al año que el Municipio no está recibiendo. Este acuerdo organizado del no pago de tasas está cerquita de encontrarse tipificado en ese librito que se llama Código Penal; por ello este intendente va a tomar todas las medidas que correspondan, siempre dentro de la ley, para terminar con esta especie de boicot económico de productores agropecuarios”. .
En un año electoral, el peso del sector rural en las urnas es un factor a tener en cuenta no sólo por el voto directo del productor relacionado con el conflicto, sino por la red de comercios y sectores afines cuya economía depende del bienestar de los chacareros y ruralistas.
De un lado se reclama mayor inversión e interés en el sector, comenzando por el correcto mantenimiento de los caminos rurales hasta la necesidad de sentarse en la mesa chica a la hora de elaborar estrategias productivas para la gente del campo.
Del otro lado se los acusa de boicotear el normal funcionamiento financiero del Municipio, y que “no entienden que el pago de las tasas no se remite a su frente sino que aporta a vivir en una comunidad organizada, en funcionamiento y eficiente”, según palabras del propio Intendente.
Estos son algunos de los puntos de la nota enviada por APRA y leída por el Secretario del Honorable Concejo:
“Desde el punto de vista del derecho tributario, toda tasa es el pago de un servicio efectivamente rentado y no un simple recurso fiscal genérico.
[…] El nivel de percepción tributario por una tasa debe cubrir el verdadero costo por la prestación de un servicio, según lo establece el Pacto Federal Fiscal y a lo sumo puede, según jurisprudencia de la Suprema Corte provincial, exceder razonablemente el costo como para cubrir algún margen de incobrabilidad o algún desfasaje durante el ejercicio. Ese plus administrativamente nunca se consideró por encima del 20% del total presupuestado, a riesgo de desvirtuar la tasa, convertirse en una percepción excesiva y provocar enriquecimiento ilícito del fisco municipal.
[…]No debemos dejar de observar que tal como está vigente el actual ejercicio fiscal esa tasa de por sí presenta vicios esenciales de origen que la tornan inconstitucional. Si hiciéramos un análisis jurídico de su inconstitucionalidad no resistiría y sumaría una acumulación de lesiones graves. Se le cambia la naturaleza al tributo; se recauda desproporcionadamente respecto de su costo real de prestación; se usa su excedente para otros destinos no imputados en el presupuesto…”.
Luego de leída la nota el concejal Aubalat se dirigió al Presidente de APRA:” Si tiene alguna duda que haga la denuncia correspondiente. Agravia a esta institución”.
Roberto Donnola también expresó que “es cierto que hay algunos puntos que no están suficientemente claros en cuanto a lo que es un establecimiento de producción rural, las habilitaciones y otras cuestiones que hoy en día se están pidiendo desde otras entidades, como el caso del SENASA, por ejemplo”.
El tema va para rato, desde APRA analizan firmemente recurrir a la Justicia y el Ejecutivo no tiene fama de quedarse de brazos cruzados. Es un choque de pesos pesados que transitan diferentes veredas tanto ideológicas como partidarias, por eso habrá que seguir de cerca las acciones de ambas instituciones y, obviamente, lo que resulevan las comisiones de concejales en el HCD arrecifeño.