Pedro Simonini propuso implementar en la provincia la conciliación laboral obligatoria
El Diputado Provincial Pedro Gabriel Simonini (Coalición Cívica) propuso implementar en la provincia la conciliación laboral obligatoria previa a todo juicio a realizarse mediante la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. Según el legislador “la propuesta ayudará a resolver parte de la conflictividad laboral, disminuyendo las causas que llegan a resolución de los tribunales; beneficiará a los trabajadores y empresarios – a los primeros por la posibilidad de dar respuesta a su reclamo en un tiempo acorde al carácter alimentario de sus créditos, y a los segundos al eliminar la incertidumbre propia de un litigio –; y fundamentalmente aportará a la paz social, que es el objetivo ultimo del proyecto”.
Fue presentado en la Cámara de Diputados de Buenos Aires un proyecto de ley que establece la conciliación previa y obligatoria ante la Subsecretaría de Trabajo de toda controversia individual del trabajo que tenga lugar entre empleadores y trabajadores – despidos, diferencias salariales, etc.-.
La iniciativa regula el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, estableciendo la gratuidad de las actuaciones para el trabajador, el patrocinio jurídico obligatorio, el desarrollo de las audiencias y las conciliaciones, y la evaluación de su homologación.
Según el legislador “esta propuesta tiene el objetivo de disminuir la carga actual de trabajo de los tribunales laborales – que aumentó casi un 40% en la última década-, instaurando la conciliación obligatoria como un remedio eficaz para dirimir los conflictos de un modo rápido, eficiente y jurídicamente seguro”.
Simonini destacó que la “oralidad que caracteriza al procedimiento laboral no garantiza por si sola que las causas sean resueltas en un tiempo prudencial teniendo en cuenta que se trata de prestaciones alimentarias, y hoy sobran ejemplos de importantes retrasos en los juicios laborales”.
“El acceso a la jurisdicción laboral continua incólume y garantizado, el proyecto plantea que previamente a concurrir a la vía judicial el trabajador tenga el derecho/obligación de realizar el reclamo en sede administrativa, creándole así una posibilidad más de reparación idónea en el menor lapso de tiempo posible”.